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Características de la responsabilidad penal

1.- Introducción

El derecho penal es la manifestación más rigurosa del "ius puniendi" del Estado frente a sus ciudadanos, en protección de unos bienes jurídicos que se consideran relevantes para la sociedad: vida, integridad física, medio ambiente, seguridad laboral, etc.

De acuerdo al principio de intervención mínima, el ámbito penal debe tener un carácter residual, es decir, intervenir únicamente ante hechos muy graves y cuando hayan fracasado el resto de mecanismos de protección.

No obstante, la creciente sensibilidad en materia de seguridad y salud laboral, está comportando un incremento de las actuaciones penales en esta materia.

Se han creado fiscalías especializadas, y los fiscales tienen la consigna de ser proactivos en la persecución de posibles delitos relacionados con la prevención de riesgos laborales.


2.- Procedimiento

Las vías de inicio de un proceso penal pueden ser diversas:

  • Denuncia de los perjudicados.
  • Comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  • Actuación de oficio de la Fiscalía o del Juzgado.

El procedimiento, se divide en dos fases:

a. Fase de instrucción:

El Juez de Instrucción abrirá Diligencias Previas y citará en calidad de testigo a quienes puedan aportar información sobre el caso, o como imputado a quienes puedan estar relacionados con la comisión de un delito o falta.

  • La declaración de testigo se realiza sin asistencia letrada, y el testigo está obligado a decir la verdad bajo pena de falso testimonio.
  • La declaración de imputado se efectúa con asistencia letrada y el imputado podrá responder como mejor interese a su defensa.

(Cabe la posibilidad de que un testigo pase a imputado, en función de su declaración o de lo que hayan declarado otros testigos o imputados).

Concluida esta fase, el juez emitirá un auto donde decretará:

  • El sobreseimiento total o parcial: es decir, el archivo total de la causa, por estimar que los hechos no fueron constitutivos de delito, o el archivo para alguno de los imputados, cuya actuación no se considera delictiva.
  • La continuación del proceso mediante juicio oral para todos o parte de los imputados, a lo que se añadirá la calificación de fiscalía, fijando los delitos y las penas que se solicitan para cada uno de los acusados.

b. Fase de juicio:

Se celebrará el juicio oral, donde los acusados, denunciantes (si los hubiere) y el fiscal practicarán cuantas pruebas admita u ordene el juez para defensa de los mismos y enjuiciamiento de los hechos (periciales, declaración del Inspector de Trabajo y seguridad Social, testigos…).

Frente a la sentencia cabrá recurso de apelación.


3.- Consideraciones generales

El Código penal distingue entre delitos y faltas.

Los delitos pueden comportar penas de prisión e inhabilitación profesional y responden a dolo o imprudencia grave; mientras que las faltas suelen ser castigadas con multa económica y responden a imprudencia leve.

  • El dolo está relacionado con la conciencia y voluntariedad: debe mediar el conocimiento y representación de los hechos y su previsión, con la consciencia de su ilicitud y, además, ser querido o aceptado.

    Es decir, el autor es consciente y consiente la existencia de riesgo grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores.


  • La imprudencia se distingue del dolo por la falta de malicia en la omisión, es decir, no media una intención o designio de dañar o someter a los trabajadores a un peligro, pero ante la probabilidad del riesgo grave no se actúa para evitarlo.

    Se entenderá como imprudencia grave o temeraria aquella que se corresponda a "no discernir con anticipación aquello que es elementalmente previsible en el obrar humano, aún en las personas menos cuidadosas y diligentes".

    Si se tratara de imprudencia leve o levísima (al no acreditarse el nexo causal, o existir concurrencia de culpa concurrente del trabajador) nos hallaríamos ante una falta y no un delito.

El procedimiento penal puede llevar adjunta la reclamación de responsabilidad civil; es decir, la reparación económica de los daños y perjuicios causados a favor del perjudicado o de sus herederos.

Si se hubiera alcanzado un acuerdo indemnizatorio previo, el perjudicado o sus herederos, retirarán la denuncia penal.

En este caso, si nos hallamos ante una falta, el Juez deberá decretar el sobreseimiento, mientras que si se trata de un delito, podrá, a instancias del Fiscal, proseguir con el caso.


4.- Delitos relacionados con la prevención de riesgos laborales

La actuación en prevención de riesgos laborales puede dar lugar a que se exponga a los trabajadores a unas condiciones laborales que ocasionen un peligro para su vida, y que, como consecuencia de ello, sufran lesiones o incluso pierdan la vida.

El derecho penal persigue tanto una situación como otra: tanto la creación del riesgo, como el acaecimiento del resultado indeseado.

De esta manera distinguimos entre:

  • Delitos de riesgo: aquellos en que sancionan por la mera creación del riesgo, sin necesidad de que se haya producido el resultado (daño o lesión).

    Forma parte de este grupo el delito contra la seguridad de los trabajadores, tipificado en el artículo 316 a 318 del Código Penal.

    El bien jurídico protegido es la seguridad laboral.


  • Delitos de resultado: aquellos que sancionan en función del acontecimiento de un resultado indeseado.


Los bienes jurídicos protegidos no son específicamente preventivos: vida, integridad física, procreación e intimidad, pero pueden verse lesionados por actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

La conjunción de ambos tipos de delito puede dar lugar a:

  • Absorción del delito de riesgo en el de resultado: los trabajadores puestos en peligro coinciden con los lesionados o fallecidos. El delito de resultado (lesiones u homicidio) absorbería al de riesgo.

    Por ejemplo: el único trabajador que utiliza la máquina se atrapa la mano por ausencia de resguardo.


  • Concurso ideal de delitos: se crea una situación de peligro que afecta a un grupo de trabajadores, alguno de los cuales sufre un daño.

    Por ejemplo: un trabajador se cayó del andamio por ausencia de medidas colectivas, pero todos los trabajadores que lo utilizaron corrieron el peligro de precipitarse al vacío.

    Esta situación es la más frecuente, y da lugar a que las penas solicitadas sean de mayor entidad.


a. Delito contra la seguridad laboral: art 316 a 318 CP

El bien jurídico protegido es la seguridad en el trabajo por lo que no se exige que se haya producido ningún daño o resultado lesivo.

La pena correspondiente es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, aplicable en grado inferior si fuera por imprudencia grave.

Los presupuestos del tipo penal son:

  1. Que se haya producido una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

    Debe entenderse normativa en sentido amplio, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a la regulación específica de determinados agentes (cancerígenos, biológicos, amianto, ruido, etc.), lugares de trabajo (obras de construcción, buques, etc.), operaciones (manipulación de cargas), equipos de trabajo, etc.


  2. La infracción consiste en "no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas".


  3. Que dicha omisión comporte un peligro grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores.


  4. Que la conducta responda a dolo o imprudencia grave por parte de su autor.


  5. Que el sujeto activo del delito esté legalmente obligado a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con la seguridad e higiene adecuadas.

Cuando los hechos sean atribuibles a persona jurídica, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello. (art. 318 CP)

Como veremos posteriormente, se parte de un concepto amplio que abarca desde el empresario, a los mandos en quién éste haya delegado, así como a las personas que por su formación desarrollen una labor técnica.


b. Delitos y faltas imprudentes de resultado aplicables a la seguridad y salud laboral

Se trata de tipos penales que no tienen un contenido preventivo específico, y que sancionan al autor en función del resultado provocado culposa o imprudentemente.

Por lo tanto, la comisión de estos delitos no va ligada específicamente a la actuación en materia de prevención de riesgos laborales, si no que podrían ocasionarse desde distintos ámbitos de actividad diaria, sea profesional o no; por ejemplo, la caza, una pelea en una discoteca, socorrismo, disturbios en una manifestación, la conducción de vehículos, edificación, profesiones sanitarias, …

  • Delito de homicidio imprudente (art. 138 y 142 del CP)

    La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años.

    Si concurriera imprudencia profesional se impondrá la pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de tres a seis años.


  • Falta de homicidio (art. 621 CP)

    Por imprudencia leve, con multa de uno a dos meses.

    Tan solo será perseguible mediante denuncia de la persona agravada o de su representante legal.


  • Delito de lesiones (art. 147 CP)

    Producido mediante imprudencia grave, la pena va de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico; o de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

    Si concurriera imprudencia profesional se impondrá la pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de uno a cuatro años.


  • Falta de lesiones (art. 617 y 621 CP)

    Se distinguen tres supuestos: lesiones no calificadas de delito causadas por cualquier medio o procedimiento; lesiones calificadas de delito menos grave, causadas por imprudencia grave; y lesiones constitutivas de delito, causadas por imprudencia leve.

    Los dos últimos supuestos tan solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal.

    Las penas van desde localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses.


  • Delito de aborto imprudente (art. 146 CP)

    Por imprudencia grave, castigado con penas de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

    Se aplicará la inhabilitación de uno a tres años, de mediar imprudencia profesional.

    La mujer embarazada no será penada.


  • Delito de lesiones al feto (art. 157 y 158 CP)

    Por imprudencia grave, castigado con pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

    La mujer embarazada no será penada.


  • Delito de revelación de secretos (art.199 y 200 CP)

    Comprende en la revelación de secretos ajenos conocidos por el oficio o relación laboral, así como la vulneración del deber profesional de sigilo o reserva.

    Sus penas van desde un año a cuatro de prisión, multa de doce a veinticuatro meses y inhabilitación profesional de dos a seis años.


  • Delito de denegación de auxilio (art. 195 CP)

    Castigado con pena de multa de tres a doce meses.


  • Delito de acoso laboral (art. 173.1 CP)

    La reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 5/2010 introduce este nuevo delito en los siguientes términos:

    Serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

    Como se aprecia, configura como delito el acoso vertical descendente (de superior a subordinado), no así el vertical ascendente (de subordinado a superior) o el horizontal (entre compañeros) que quedaría en la esfera de la responsabilidad civil, administrativa, laboral o de Seguridad Social.

    La pena asociada es de 6 meses a 2 años de prisión.



5.- Sujetos responsables

A. El responsable principal en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, siempre es el empresario.

El empresario, tanto en su propio centro de trabajo, como cuando desplaza a trabajadores a otros lugares (deber de coordinación).

A modo de ejemplo, citaremos las siguientes situaciones:

  • El empresario respecto del atrapamiento sufrido por uno de sus empleados en su centro de trabajo, por utilizar una máquina que estaba desprotegida.

  • Cuando el empresario contrate con otras empresas trabajos de su propia actividad a realizar en su propio centro de trabajo, tiene la obligación de vigilar que los contratistas o subcontratistas cumplan la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

    Por ejemplo, atropello de una carretilla a un trabajador de otra empresa que se encontraba en su centro de trabajo.


  • Los empresarios que concurran en un mismo centro de trabajo, por su deber de coordinación (art. 24.2 LPRL).

  • En el ámbito de las obras de construcción, puede darse la responsabilidad en cascada de contratistas, subcontratistas y promotores de obra.

  • El empresario que contrata a un trabajador de Empresa de Trabajo Temporal, será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo por parte del trabajador temporal.

  • El empresario que tenga la condición de fabricante, importador y suministrador de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo está obligado a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines indicados.

B. Al margen de los empresarios, otros sujetos por delegación de responsabilidades de supervisión o por la función técnica encomendada, pueden ser llamados al proceso penal.


a. Trabajadores en los que el empresario delegue:

Mediante desarrollo jurisprudencial se ha dado cabida en este concepto tanto a "la alta dirección, la media y la de simple rector de la ejecución o capataz, es decir, el de cualquier persona que asume la ejecución de una tarea con mando sobre otros y con función general de vigilancia y cuidado".

El empresario puede delegar la responsabilidad en sus directivos, jefes de taller, encargados de obra, jefe de planta… siempre que le dote de los medios y la formación necesaria para desarrollar sus cometidos.

La absolución del empresario, requerirá que la designación se haya producido en virtud de la competencia del "encargado", y que el mismo asuma su tarea con los conocimientos técnicos necesarios.

En caso contrario, la responsabilidad se trasladaría al empresario o superior jerárquico por "culpa in eligendo".

Por ejemplo, en una obra de construcción, la responsabilidad del jefe de obra que tenga delegada la supervisión del cumplimiento de la normativa preventiva (colocación de redes, barandillas, uso de cinturón, casco…) adquirirá gran trascendencia frente al empresario, que no estaba presente en la obra.

No obstante, si se demostrara que el jefe de obra era un trabajador inexperto y carente de formación preventiva, o que se le facilitaron unos EPIs defectuosos o se ordenó acabar el trabajo cuando ya no habían redes de protección, la responsabilidad podría derivar hacia el jefe del taller, jefe de compras o al propio empresario.


b. Personas con funciones técnicas especializadas:

1. Los técnicos en prevención de riesgos laborales:

Los técnicos en prevención de riesgos laborales suelen desempeñar una función asesora, sin disponer de facultad directiva, ejecutiva u organizativa en la empresa.

Esta consideración puede venir todavía más matizada por la pertenencia al Servicio de Prevención Propio de la empresa (con presencia permanente en el centro de trabajo), o a un Servicio de Prevención Ajeno contratado (ciñendo su actuación a las visitas concertadas).

Sin embargo, es responsabilidad de los técnicos efectuar el diagnóstico preciso que permita garantizar la protección adecuada de los trabajadores.

Por ello, cada vez es más frecuente que se impute penalmente a los técnicos en casos en los que no se identifique un riesgo grave, no se realicen mediciones para su cuantificación, se propongan unas medidas preventivas insuficientes, se realice una formación inadecuada a los riesgos del puesto de trabajo…

No obstante, la condena penal pasaría por la imprudencia grave del técnico, alcanzando niveles de temeridad e inobservancia de las más elementales cautelas; no bastaría la mera negligencia o imprudencia leve, que quedaría encuadrada en una falta.


2. En las obras de construcción:

  • El técnico competente designado por el promotor elaborar el estudio de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra.
  • El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de proyecto y ejecución de la obra.

3. Responsables sanitarios de Vigilancia de la Salud:

La imputación de los sanitarios no es tan frecuente, por cuanto su posible mala praxis suele encauzarse por vía civil.

No obstante, sí pueden llegar a darse situaciones que abrieran la vía penal, tales como:

  • Declaración de "apto sin restricciones" de un trabajador que no reúne las condiciones psicofísicas exigibles para su puesto de trabajo.
  • No detección de riesgos para la mujer embarazada o el feto.
  • Revelación de información médica personal de los trabajadores sin su consentimiento.

Debemos recalcar la creciente penalización de la prevención de riesgos laborales.

Resulta cada vez más frecuente que los accidentes graves o mortales, o la creación de riesgo grave, acaben por sustanciarse ante un Juez de lo Penal.

En este sentido, destacamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª), núm. 279/2006 de 20 julio, por ser pionera en imponer penas superiores a dos años relacionadas con la prevención de riesgos laborales.


C. La responsabilidad de la persona jurídica.

La reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 5/2010 introduce el concepto de responsabilidad penal de la persona jurídica (no aplicable a entes y asociaciones públicas, o regidos por derecho público) cuando se trate de hechos delictivos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho (Art. 31 bis CP):

  • Por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
  • O por quienes estando sometidos a la autoridad de los anteriormente mencionados, cuando hayan podido cometer los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

Si bien el Código Penal piensa esencialmente en delitos económicos e informáticos, podría darse esta responsabilidad ante el delito de riesgo contra la seguridad laboral (art. 318 CP), siempre y cuando se haya cometido en provecho y beneficio de la empresa (por ejemplo, la supresión o disminución de medidas preventivas, para conseguir la reducción presupuestaria asignada)



6.- Consideraciones relativas a las penas y su cumplimiento

a) La pena de multa consiste en la imposición de una sanción pecuniaria, por el sistema de días-multa, con una cuota diaria mínima de 2 y máxima de 400 euros para personas físicas, y de 30 a 5.000 euros para personas jurídicas. (Art. 50 CP)

b) La inhabilitación especial para la profesión ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, y priva al penado de la facultad de ejercerla durante el tiempo de la condena. (Art. 45 CP)
Puede ser importante delimitar con el Juez el alcance de la inhabilitación, ciñéndola a la función preventiva, -en especial, el técnico de prevención de nivel superior, o el Coordinador de seguridad y salud-, e intentar salvaguardar la formación académica de base, -es decir, el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto, químico, etc.

c) Respecto de la pena de prisión, destacar que si la condena no es superior a dos años de prisión y el sujeto carece de antecedentes penales, los jueces suelen suspender su ejecución, y por lo tanto, el condenado no ingresa en prisión. (Art. 80 CP)
Los antecedentes penales requieren sentencia firme de condena, y se cancelan a los 6 meses para penas de multa de 10 días a 2 meses, a los 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, y a los 3 años para penas de prisión de hasta 5 años; a contar desde el día siguiente al cumplimiento de la pena, o al que hubiera correspondido, en caso de suspensión. (Art. 136 CP)
Al margen de la posibilidad de suspensión, los jueces pueden acordar la substitución de las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización permanente. Todo ello, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. (Art. 88 CP)

d) En lo referente a la persona jurídica, al margen de la multa, pueden señalarse otras penas, como la disolución con pérdida definitiva de su personalidad jurídica, suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar actividades, inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos, y para contratar con el sector público, e intervención judicial.



En Área Jurídica de www.spasepeyo.es puede consultar los distintos tipos de Responsabilidades PRL, así como Sentencias de interés y Ejemplos de Actas de Infracción relacionadas con la materia.



Andreu Sánchez García
Subdirector de Asesoría Jurídica de la Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L.U.